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Homicidios (culposos), choferes drogados y borrachos

Las terroríficas historias de homicidios en las carreteras ticas, llenan -a diario- de sangre, muerte y dolor, las páginas y las pantallas de los medios. Ningún partido, ni político alguno piensan, dicen o proponer algo.

APR 23 2015 Juan Diego Castro

Las terroríficas historias de homicidios en las carreteras ticas, llenan -a  diario- de sangre, muerte y dolor, las páginas y las pantallas de los medios. Ningún partido, ni político alguno piensan, dicen o proponer algo.

El artículo 117 del Código Penal impone de 6 meses a 8 años de cárcel al que por culpa (inobservancia del deber de cuidado) matare a otro. Y en casos de choferes con guaro y drogas en su sangre, suspensión de la licencia hasta por 20 años. 

La primera vez que un chofer borracho resultó condenado a 5 años de prisión por homicida fue el 21.02.2008 por la muerte del estudiante Sergio Pablo Villaseñor Muñoz.

Antes de fecha, a todos los borrachos que mataban a alguien en un "accidente de tránsito", les otorgaban la ejecución condicional de la pena y nunca iban a la cárcel. 

El año pasado una rotunda jueza de apelaciones y sus leales conjueces, se atrevieron a reducer la pena por un cuádruple homicidio culposo, pues para ellos no podía ser superior a ocho años (por las cuatro víctimas). Por dicha la Sala Tercera revocó ese mamarracho jurisprudencial.

La guerra declarada por los asesinos al volante contras las víctimas inocentes, lleva muchos decenios y nuestras autoridades políticas (gubernamentales, legislativas y judiciales) no parpadean, no tienen imaginación, no se preocupan, no les importa.

No hacen nada. Nada. Nada. Nada.

Al Gobierno no se le ocurre cómo enfrentar a la caterva de pachuchos que aterrorizan a la población con sus horrorosos piques. Nuestras policías están maniatadas y desordenadas. No se atreven a impedir esas infernales competencias. ¿Las redadas están prohibidas? ¿Los cuerpos antidisturbios no pueden actuar?

¿Qué pasa?

¿Qué espera el “Gobierno de la caravana de la alegría”, frente a la “caravana de la muerte”?

La cúpula judicial sigue muy atenta a los derechos de los pillos y los matarifes. No propone ninguna reforma de "lege ferenda" frente a los grandes desafíos victimológicos de la actualidad. Ni sabe como.

Vale destacar que dos magistrados de la Sala de casación penal, hace 5 años, salvaron sus votos en un caso de homicidio triple (Paseo de los Estudiantes, noche del referendum del TLC) y sostuvieron que quienes irrespeten las señales de tránsito actúan con dolo eventual, aunque los tres de la mayoría decidieron lo contrario y la jurisprudencia siguió igual... alcahuete.

Las diputadas y los diputados no tienen el más mínimo interés en revisar, afinar y actualizar nuestra legislación. Ni siquiera, cuando viajan a otros países –recientemente a Qatar-, preguntan por las leyes que podrían servirnos de modelos. Y menos se les ocurre exigir cuentas a la Corte y al Gobierno.

La avalancha de muerte e impunidad todavía no los pringa.

Desde hace dos años y medio, el numeral 208 de la Ley de Tránsito dispone la realización de pruebas bioanalíticas de sangre y aliento en los conductores para determinar si se encuentran bajo los efectos del alcohol, drogas ilícitas o sustancias psicoactivas no autorizadas. 

El transitorio décimo de la Ley de Tránsito (26.10.2012) obliga a que la Policía de Tránsito cuente con equipos y laboratorios móviles para detectar drogas en los choferes, desde el 26 de abril del 2014. Ya ha pasado un año... Y nada. Nada de nada. 

A pesar de sus 30 meses de vigencia, los exámenes sobre drogas aún no se hacen (salvo contadas excepciones cuando llevan al sospechoso al hospital para hacer pruebas de sangre).

Mientras decenas de drogadictos al volante, pasan la prueba del alcoholímetro y se escapan tranquilones, después de dejar muerte y sangre en las calles. 

La mayor parte de los políticos son cómplices de los asesinos al volante. Sus partidos no tienen ningún plan para enfrentar la carnicería en las carreteras, ni para encarar la impunidad, ni para exigir cuentas a las despreocupadas autoridades.

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